Persecución implacable

 

CRISTINAEn los últimos veinte años alrededor de veinte presidentes y expresidentes latinoamericanos han sido judicialmente implicados. Entre ellos los hay de derecha, centro e izquierda. El cargo más recurrente es el de corrupción, de lo cual el caso de Odebrecht, todavía en progreso, es un botón de muestra.

Lo nuevo en el proceso abierto contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner es que se le juzga, no por corrupción, sino por decisiones realizadas en el marco de sus responsabilidades y potestades, que no adoptó sola, sino junto a su equipo de gobierno y que, en su momento, fueron conocidas y ratificadas por el parlamento. Tal es el caso del memorándum suscrito con Irán para tratar de viabilizar las investigaciones respecto al caso de terrorismo contra la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA).

El 18 de julio de 1994 un vehículo con explosivos se estrelló contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. El saldo fue de 85 muertos y 300 heridos. La dirección de AMIA y las autoridades argentinas acusaron a Hezbolá y al gobierno de Irán de ser los autores del atentado. En 2006, doce años después, varios ciudadanos iraníes de alto rango fueron oficialmente imputados y recibieron orden de captura por INTERPOL. Entonces el país era gobernado por Carlos Menen.

En 2004 el presidente Néstor Kirchner colocó al frente de la investigación de la causa AMIA al fiscal Alberto Nisman quien insistió en la conexión iraní. La indagación no progresó debido a la falta de colaboración de Irán, que negaba la implicación de sus funcionarios. En Argentina tampoco avanzó a causa de manipulaciones políticas, judiciales y policiacas. Así transcurrieron once años. En 2005 el presidente Kirchner calificó tal estancamiento de «deshonra nacional» y en 2007 llevó el caso a la ONU exhortando a Irán a colaborar con la justicia argentina. Esas gestiones tampoco dieron resultado.

En una discutible maniobra, en el entorno de la presidenta progresó la idea de negociar con el gobierno iraní para lograr su colaboración, lo cual fue acogido por la administración de Mahmud Ahmadineyad. En 2013 tales gestiones dieron como resultado la firma con el gobierno de Irán de un Memorándum para coordinar la investigación por el caso AMIA que incluía la formación de una “Comisión de la verdad”. La validez del acuerdo dependía de la ratificación por los parlamentos de ambos países. El de Argentina lo hizo en febrero de 2013, pero el de Irán no realizó el trámite, por lo cual el acuerdo no entró en vigor.

La AMIA y otras entidades judías rechazaron el acuerdo y lo denunciaron. En mayo de 2014, la Cámara Federal Argentina lo declaró inconstitucional. El 14 de enero de 2015, el fiscal a cargo, Alberto Nisman acusó a la Presidenta de que con el acuerdo, había conspirado para favorecer a los iraníes. El lunes 19 de enero de 2015, día en que debía presentar ante el Congreso Nacional las evidencias de que disponía, Nisman apareció muerto en su apartamento. Un mes después, un fiscal federal imputó a Cristina Fernández y otro juez la exoneró.

Con razón, la defensa de la presidenta Cristina Fernández sostiene que no hubo mala fe y que el acuerdo, aunque pudo ser errado, constituyó una decisión política que no se puede judicializar y que fue refrendada por el Congreso Nacional. Enjuiciar por ello a la presidenta es usar la justicia como arma política y enviarla a prisión, una arbitrariedad que tal vez fracture gravemente a la sociedad argentina. En el ámbito latinoamericano será un grave precedente. Allá nos vemos.

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El presente artículo fue publicado por el diario ¡Por Esto! Al reproducirlo citar la fuente.

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