Hedelberto López Blanch

La política agresiva y desmesurada llevada a cabo en los últimos cuatro años por el presidente de Estados Unidos Donald Trump contra los países del mundo que no profesaban su ultraderechista ideología, causó graves daños a esas naciones pero en la mayoría de los casos no pudo doblegarlas.

Constantes bloqueos económicos y extorsiones financieras aplicadas contra disímiles países fueron uno de los principales derroteros de su política internacional.

Esas medidas de fuerza, llamadas eufemísticamente “sanciones”, ha atacado a más de una veintena de naciones entre las que aparecen China, Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, Irak, Yugoslavia, Birmania, Zimbabwe, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Siria, Somalia, Libia, Costa de Marfil, Líbano, Ucrania, Yemen, Sudán del Sur, y también sus propios aliados occidentales.

Con mucha más saña las ha profundizado contra Caracas y La Habana debido a los ejemplos de soberanía e independencia que representan sus respectivos gobiernos y pueblos.

El ministro de Relaciones Exteriores de La Isla caribeña, Bruno Rodríguez Parrilla, al presentar un reciente informe sobre el impacto del bloqueo contra Cuba, denunció que de abril de 2019 a marzo de 2020 esa inhumana política “ha causado al país pérdidas  por 5 570 millones de dólares”.  

A precios corrientes, explicó el canciller, los daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 144 413.4 millones de dólares, mientras que teniendo en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, la cifra asciende a más de un billón 98 800 millones de dólares.

A partir de junio de 2017 y durante un mitin en Miami con miembros de la ultraderecha de origen cubano, Trump divulgó un nuevo memorando que derogaba la anterior directiva del presidente Barak Obama, (14 de octubre de 2016) que ofrecía cambios en la política de medidas coercitivas unilaterales de Washington hacia la Isla. 

Obama había reconocido que el bloqueo era «una carga obsoleta para el pueblo cubano y un impedimento a los intereses estadounidenses».

A partir de julio, Trump incrementó las restricciones a las visitas de estadounidenses a Cuba; decretó el fin de los viajes «pueblo a pueblo» y anunció la entrada en vigor de lo que faltaba de la Ley Helms-Burton de 1996 (al final se ejecutó en 2019).

Asimismo, en 2017, impuso nuevas multas a bancos foráneos que operaban activos financieros relacionados con La Habana, una práctica que ya venía de la época de Obama. 

A la par y para tratar de justificar sus arbitrarias medidas, la Casa Blanca desató el escándalo de los «ataques sónicos», que utilizó como pretexto para cerrar la embajada estadounidense en Cuba, lo cual provoca afectaciones a las familias cubanas, pues para realizar trámites migratorios las personas deben viajar a terceros países con el incremento de costos y hasta de su seguridad personal.

Para cerrar el cerco financiero a finales de ese año, Trump amplió la lista de organismos y instituciones cubanas que no pueden tener contactos con homólogas estadounidenses, medida que se ha incrementado constantemente.

Durante 2018 arreciaron todas las acciones agresivas: se amenazó a los ciudadanos estadounidenses para que no viajaran como turistas a la Isla y se creó una llamada Fuerza de Tarea (Task Force) cuyo propósito es influir por Internet para provocar un cambio de gobierno en Cuba.

Con la excusa de que el Estado cubano respaldaba al hermano pueblo de Venezuela, la Casa Blanca limitó el monto y la frecuencia de las remesas que envían los familiares residentes en Estados Unidos, a la par que impide cualquier ayuda humanitaria que pueda llegar a La Habana.  

El título III de la Ley Helms-Burton fue activado en mayo de 2019 el cual implica la posibilidad de demandas contra compañías internacionales que operen en Cuba por «traficar» con propiedades que fueron nacionalizadas a inicios de la Revolución y se prohibió que marcas cubanas entraran al vecino del Norte. 

A lo largo de 2019 se vetaron los viajes culturales y educativos, se eliminó la autorización para el envío de donativos y fueron cercenadas aún más las posibilidades de remitir remesas, sobre todo a funcionarios cubanos. 

Para el cierre de ese año, el régimen trumpista inició acciones para interrumpir la llegada de petróleo y sus derivados a Cuba al imponer “sanciones” a compañías de terceros países que mantienen relaciones con La Habana.

En la continuidad de esa política de ahogamiento, el Departamento del Tesoro multó a seis empresas navieras extranjeras que transportaban combustible al país caribeño.

La enfermiza política encaminada a dañar al pueblo isleño arreció entre 2019 y 2020. Una fuerte campaña difamatoria se llevó a cabo contra las humanitarias misiones médicas la cual provocó que regímenes afines a Washington declinaran esa ayuda como fueron los casos de Brasil, Ecuador, El Salvador y Bolivia (después del golpe de Estado al presidente Evo Morales). 

A pesar de las afectaciones económicas que ha provocado la pandemia de la Covid-19 a la Isla, Estados Unidos incrementó su brutal política y prohibió que la Western Union continuara tramitando los envíos de remesas por lo que esas oficinas deberán cerrar sus agencias en Cuba.

Por último, el 22 de octubre en Miami, durante un acto de campaña como candidato a la presidencia (cuyas elecciones perdió inobjetablemente frente al demócrata Joe Biden), declaró la prohibición a los estadounidenses de hospedarse en hoteles cubanos propiedad del Gobierno y comprar tabaco o rones cubanos.

Como expresó el canciller cubano al divulgar el informe que será presentado en 2021 por vigésima octava ocasión a la Asamblea de Naciones Unidas: “el bloqueo, por su aplicación extraterritorial violenta la soberanía y afecta los intereses de todos los Estados del planeta”.

La moraleja es que la maldad del derrotado presidente Donald Trump no pudo doblegar al pueblo cubano.