ORDENAR, AJUSTAR, REFORMAR

                                                                       Jorge Gómez Barata

La Tarea Ordenamiento, la más audaz y compleja empresa económica desde la nacionalización de la economía nacional en los años sesenta del pasado siglo, no conduce a una nueva calidad porque se trata más bien de rectificaciones que de innovaciones. En realidad, una estación intermedia, un punto en el camino.

Al explicar los pormenores del cometido, Marino Murillo, experto económico cubano con dotes de comunicador fue sincero: “Toda devaluación es un ajuste…” No lo dijo, pero cuando esa devaluación abarca varios dígitos, se trata de un súper ajuste y los ajustes económicos, aun cuando se atenúen con medidas de asistencia a los vulnerables, conlleva costos sociales.

Un detalle obviado al principio y del cual paulatinamente se toma conciencia, es que la Tarea Ordenamiento es un ejercicio de dos velocidades: los costos sociales son inmediatos, mientras las ventajas llegarán a mediano y largo plazo. No porque los azucareros, los mineros y los agricultores ganen un poco más, inmediatamente producirán más azúcar, más mineral ni más alimentos. Los costos viajan en autos y los beneficios en carretas.

El ordenamiento (ajuste) cuenta de tres momentos: (1) Eliminación del CUC y con ello de la dualidad monetaria y cambiaria, lo cual conlleva a la adopción de una tasa de cambio única para lo cual se necesita de una devaluación que encarece las importaciones y conlleva un aumento de los precios. (2) Una reforma de los ingresos de la población que implica aumentos considerables de los salarios, las pensiones y la asistencia social. (3) Eliminación de subsidios y gratuidades (no todos).

Por añadidura, la devaluación tiene un efecto devastador sobre los ahorros de la población, por cierto magros.

Con su habitual franqueza y claridad expositiva, el economista cuenta que la “Tarea ordenamiento” que elevó el fondo salarial del país de 34.000 a 139.000 millones de pesos, sin que ello conlleve un aumento de la creación de riquezas, unido a otras erogaciones, genera un déficit presupuestario de alrededor de 88.000 mil millones de pesos.

Lo más dramático llegó cuando declaró: “Los déficits no se administran, sino que se pagan…” No se dijo quién pagará un déficit de 88 000 millones de pesos. Obviamente lo hará el pueblo cuyos bajos niveles de vida se deterioran todavía más.

Aunque al explicar el ajuste no se incurrió en el error de identificarlo con las reformas en marcha (y en cartera), poco a poco, sobre todo por la propaganda, los términos se han ido confundiendo. Es cierto que, por ser transversal a toda la economía nacional, incluido el comercio exterior, la inversión extranjera y el sector no estatal, el ajuste contribuye al avance de las  reformas, pero no es la reforma.

El ajuste totalmente justificado consiste en algunas rectificaciones y alude a algunos aspectos funcionales de la economía cubana que pueden mejorar al poner orden en las finanzas, los salarios, los precios y algunos otros aspectos, pero obvia aspectos estructurales relacionados con las bases y las esencias del modelo económico en su conjunto que, según se admite, es disfuncional y que tendrán que ser objeto de otros análisis y decisiones que por su calado no pueden ser cubiertas por resoluciones ministeriales y gubernamentales.

Las reformas económicas que Cuba requiere y que se aplazan una y otra vez, inevitablemente se asocian con reflexiones teóricas, constataciones históricas, así como con decisiones políticas que bien pudieran ser materia del próximo Congreso del Partido que tendrá lugar en el mes de abril. Para entonces será pronto para conocer los resultados de la tarea de ordenamiento, aunque no tarde para plantearse otros asuntos nodales, entre ellos la dimensiones y el papel reservado en la lucha por un socialismo próspero, eficiente, sostenible e inequívocamente democrático, al sector privado.

Aunque todavía hay operadores del sistema y propagandistas que no lo creen, la experiencia histórica evidencia que la instalación de los principios, los valores y los ideales del socialismo no son incompatibles con la actividad económica privada y con el lucro mediante los negocios lícitos, sobre todo cuando se integran a la estrategia de desarrollo nacional.

Es imposible subestimar el alcance del pensamiento del presidente Diaz-Canel cuando afirmó: “Las categorías económicas por si solas no dan socialismo…” El perfil socialista de la sociedad depende de la naturaleza del estado, garante del bien común y del modo inclusivo, democrático y apegado a la justicia social del poder político.

Aunque existen algunos mitos al respecto, la economía se gestiona en las empresas y las haciendas que es donde se producen los bienes y se obtienen los lucros, pero el poder se ejerce desde el estado que determina cómo se reparten las riquezas sociales.

Un estado es socialista no solo porque ideológicamente se defina como tal ni porque posea las empresas y las tierras, los bancos y el comercio, sino porque su desempeño promueve el progreso y logra niveles de justicia social y equidad que satisfagan las genuinas aspiraciones populares. La principal tarea del estado socialista es proveer bienestar y felicidad.

No importa que mis juicios estén equivocados, quienes no pueden equivocarse son los que conducen el proceso revolucionario encargados de llevar la nave a puerto seguro. Allá nos vemos.