La comunidad internacional exigió nuevamente el fin de la guerra económica que llevan los Estados Unidos contra la isla. 

 

El 3 de noviembre de 2022, la Asamblea General de la ONU condenó nuevamente con una aplastante mayoría de 185 votos el estado de sitio económico que Washington impone a la población cubana desde 1960. Solo Estados Unidos e Israel votaron contra la resolución anual, mientras que Brasil y Ucrania eligieron la abstención. Desde hace tres décadas –la primera resolución se presentó en 1992– la comunidad internacional exige el levantamiento de las sanciones que afectan a todas las categorías de la sociedad cubana, particularmente a las más vulnerables, y constituyen el principal obstáculo al desarrollo del país.

Impuestas en 1960 por el presidente Eisenhower con el objetivo de derrocar al Gobierno revolucionario de Fidel Castro, las diferentes administraciones han mantenido e incluso reforzado las sanciones. El mundo entero las condena por su carácter ilegal según el derecho internacional público. En efecto, las sanciones tienen características extraterritoriales, particularmente la Ley Torricelli de 1992, es decir que se aplican más allá de las fronteras nacionales, a todos los países. Así, a todo barco, cualquiera que sea su procedencia, que entre en un puerto cubano se le prohíbe la entrada a los Estados Unidos durante seis meses. Las sanciones son también retroactivas con la Ley Helms-Burton de 1996 que sanciona a las empresas extranjeras que invierten en Cuba en propiedades que pertenecieron a ciudadanos estadounidenses en los años 1960, lo que es ilegal, ya que una ley no puede aplicarse para hechos que ocurrieron antes de su adopción. El objetivo de las sanciones –que atentan contra la soberanía de Cuba y de los países que desean mantener relaciones normales con la isla– es impedir el desarrollo del comercio internacional de Cuba y privar a la isla de inversiones extranjeras.

La retórica diplomática estadounidense para justificar el mantenimiento de una política hostil hacia la isla no ha dejado de evolucionar con el paso del tiempo: nacionalizaciones de propiedades, alianza con la Unión Soviética, apoyo a los movimientos revolucionarios e independentistas en el mundo y, ahora, la cuestión de la democracia y los derechos humanos. Los Estados Unidos justifican su política por su voluntad de “estar al lado del pueblo cubano en su búsqueda de libertad, prosperidad y un futuro más digno”, e insisten en el interés que tienen por su “bienestar político y económico”.

Pero estos argumentos considerados poco creíbles no convencieron a la comunidad internacional, incluidos los aliados de Washington. “La Asamblea General exige de nuevo el levantamiento del bloqueo de Cuba”, anunciaron las Naciones Unidas, que piden la abrogación de los diferentes textos de ley contrarios a su Carta. En efecto, el 80% de la población cubana nació bajo el régimen de sanciones, que han costado al país la suma astronómica de 1.391 mil millones de dólares desde su imposición. Solo durante los 14 primeros meses de la Administración de Biden, las sanciones han privado la isla de cerca de 7 mil millones de dólares, o sea, 15 millones de dólares por día. ¿Qué sería Cuba si hubiera podido beneficiarse de estos recursos?, preguntó Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro cubano de Relaciones Exteriores.

La Unión Europea, mediante la voz de Republica Checa, condenó la política estadounidense y votó unánimemente por “el levantamiento del bloqueo”: “Las sanciones impuestas por Washington impactan no solo a Cuba sino también a la UE” pues “violaban además los acuerdos firmados entre la UE y los Estados Unidos en 1998”. La Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) subrayó por su parte que “el bloqueo causa todavía daños sustanciales e injustificables al bienestar del pueblo cubano y constituye un obstáculo mayor al desarrollo de Cuba”. El Grupo de los 77 se preocupó “de un riesgo de estrangulamiento [del] potencial económico y humano de la isla”. El Grupo de los Estados Africanos expresó “su condena del bloqueo impuesto a Cuba”. El Grupo de los Amigos para la Defensa de la Carta de las Naciones Unidas denunció “una de las violaciones más prolongadas de la Carta de las Naciones Unidas”.

Por su parte, China enfatizó que “las medidas coercitivas unilaterales americanas contra Cuba […] atentan contra el derecho a la supervivencia y al desarrollo […] y violan los objetivos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Sudáfrica insistió en “los daños inconmensurables que las medidas coercitivas unilaterales injustificadas causaron a Cuba y a su pueblo”. India apuntó que el estado de sitio “socavaba el multilateralismo y la fama de la ONU”. México también criticó la política de Estados Unidos: 

 

Toda medida unilateral concebida como un medio de presión política para promover desde el exterior cambios en las decisiones internas de otro Estado contraviene la Carta de la ONU […]. México condena en los términos más enérgicos el bloqueo comercial y financiero impuesto desde hace casi seis décadas contra Cuba.

 

Durante su mandato de 2017 a 2021, Donald Trump impuso no menos de 240 nuevas sanciones contra cuba, entre ellas cerca de 50 en plena pandemia de Covid-19 que privaron la isla de material médico vital como los respiradores. Contrariamente a sus compromisos de campaña, el presidente Joe Biden no ha anulado estas medidas coercitivas que todavía están vigentes. Durante los primeros seis meses de su mandato, las sanciones, que se aplican también en el sector de la salud, afectaron a cerca de 160 mil pacientes. En efecto, Cuba no puede adquirir tecnología médica o medicinas producidas en los Estados Unidos. Del mismo modo, Cuba no tiene acceso a la tecnología médica y a las medicinas producidas en otros países si éstas contienen más del 10% de componentes estadounidenses.

Unánimemente condenadas desde hace tres décadas por la comunidad internacional, las sanciones económicas de los Estados Unidos contra Cuba son anacrónicas, crueles e ilegales. Principal obstáculo al desarrollo del país, estas medidas coercitivas unilaterales violan los derechos fundamentales de los cubanos y tienen un grave impacto sobre su bienestar físico y moral. Son la ilustración de la incapacidad de Washington de reconocer la independencia de Cuba y aceptar el hecho de que la isla haya elegido un sistema político y un modelo socioeconómico diferente. Solo el diálogo respetuoso basado en la igualdad soberana, la reciprocidad y la no injerencia en los asuntos internos permitirá resolver el conflicto asimétrico que opone Washington a La Habana. 

 

Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de Sorbonne Université y profesor titular de la Universidad de La Reunión, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.